La Corte de Impunidad, perdón de Constitucionalidad

Roberto Molina Barreto

La Corte de Constitucionalidad en Guatemala cuyo objetivo primordial es ddefender el orden constitucional de la República de Guatemala y ser un tribunal permanente de jurisdicción privativa y actuar como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado, se ha distinguido en los últimos años por sus decisiones políticas a favor de los sectores de poder del país y en detrimento de la ciudadanía. Sus dictámenes en los casos de la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz y de la sentencia en contra de Efraín Ríos Montt por el caso de genocidio son una buena muestra de ello.

Y cómo era de esperarse, en esta ocasión no podían fallar de nuevo con su servilismo al status quo, porque aún sabiendo de sobra que personas tan allegadas al presidente Otto Pérez Molina y de los cuales él era jefe directo, como su vicepresidenta Roxana Baldetti que enfrenta embargos por extinción de dominio, su secretario Privado Juan de Dios Rodriguez que luego colocó en el IGSS y Juan Carlos Monzón, secretario privado de Baldetti, que enfrentan cargos penales por el caso Pisa y de “La Línea” respectivamente, cualquiera con dos dedos de frente deduciría que existen fundamentos suficientes como para sospechar que Pérez Molina también pudo participar de estos hechos delictivos con el agravante que es de conocimiento público la inmensa riqueza que el presidente ha acumulado en estos últimos años. Pero, no, cómo siempre defraudando a la ciudadanía que clama justicia en contra de este gobierno y sus principales actores que han sido por mucho, el más corrupto de la historia del país y ahora que había una esperanza de investigar al presidente gracias a que la Corte Suprema de Justicia aprobó el antejuicio contra su persona, ellos, los bien conocidos magistrados de la impunidad, conceden un amparo provisional a la solicitud de Karen Fischer, amiga del presidente, para detener ese proceso.

Las cínicas y deplorables declaraciones que el impresentable magistrado Roberto Molina Barreto brindó a la prensa dan buena muestra que su proceder es político defendiendo la tan cacareada “Institucionalidad” esa que todos los guatemaltecos sabemos bien que está corrompida hasta lo más profundo como bien lo señaló Gustavo Berganza en su artículo “Institucionalidad ¿Cuál Institucionalidad” y que contra viento y marea pretenden preservar los poderes fácticos como la Embajada de los Estados Unidos, el CACIF y los partidos políticos que pretenden que sigamos siendo víctimas de esta dictadura de la corrupción y la impunidad.

Los guatemaltecos no debemos olvidar los nombres de estos tres magistrados de la impunidad, son ellos: Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y María de los Ángeles Araujo, quienes sin duda pasaran a la historia como títeres de este sistema perverso, y además traidores de la Constitución que juraron defender y del país. Es lamentable que los guatemaltecos ya no podamos confiar en ninguna institución y que además nuestro futuro este ennegrecido ya que al votar por un nuevo gobierno con las reglas actuales sólo podemos esperar más de lo mismo, o sea depredación, saqueo, corrupción e impunidad.

Fotos de Soy502 y Crónica



Compártelo Share on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Translate »